Leyes de arrendamiento y alquiler disputas entre propietarios e inquilinos. Joan Ràfols, presidente de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, advirtió que las leyes de control de arrendamiento han disparado las disputas entre propietarios e inquilinos y han dificultado los arrendamientos a las familias vulnerables.

‘’La sentencia del Tribunal Constitucional llega tarde, ya se ha dañado la confianza en los pequeños propietarios. Para nosotros es una alegría amarga’’, Afirmó.

Según Ràfols, la legislación catalana y el protagonismo que algunos grupos políticos han dado al Sindicat de Llogaters tuvo como consecuencia la agresión tanto como hacia propietarios como a administradores de inmuebles, llegando al punto de agredirlos, desprestigiarlos e incluso escracharlos. ‘’Esos propietarios no renuevan los contratos a inquilinos conflictivos’’, lamentó. Pero tristemente van más allá, se rehúsan a invertir en el mercado de alquileres o inclusive optan por vender sus viviendas.

En Barcelona, ​​las leyes de control de alquileres han retirado 7.000 viviendas del mercado de alquiler desatando disputas

Así, según los datos de los portales idealista, Habitaclia y Fotocasa recogidos por la Cambra, la entrada en vigor de la ley de control de rentas en Catalunya provocó la salida de 7.000 viviendas del mercado de alquiler. Ahora, según los datos de la Cambra, de cada 5 viviendas en venta hay sólo una en alquiler

Según Ràfols. Las medidas antidesalojo aprobadas por el gobierno del estado tras el estallido de la pandemia y la ley catalana dificultaron la obtención de vivienda a familias vulnerables, al contrario de lo que tenían previsto. Estas Leyes de arrendamiento y alquiler lo único que hicieron fue provocar disputas entre propietarios e inquilinos

“Los propietarios van ahora a lo seguro, los inquilinos con buenas nóminas”. El 28% de quienes alquilan en Barcelona han nacido fuera del Estado, recordó Ràfols. “Personas que aseguran que tienen ingresos importantes en B, o nóminas bajas pero aportan avalistas son descartados a la hora de alquilar”.

Porque en cualquier momento pueden incumplir, evitar el desalojo y reclamar una vivienda social por encontrarse en una situación de vulnerabilidad. La ley anti desalojo de Cataluña, aprobada en febrero, obliga a los propietarios a “ofrecer alquileres sociales” en algunos casos, con rentas inferiores a 100 o incluso 50 euros al mes. Esto ni siquiera incluye los costos de operación de los edificios. “Es confiscatorio”, agregó.

Las leyes antidesahucios obligan a los grandes propietarios a bajar el alquiler a 50 y 100 euros al mes para beneficiar inquilinos

Ràfols lamentó que la administración, tanto la estatal como la Generalitat, no están haciendo política de vivienda “y solo legislan para que los propietarios privados asuman el coste económico de solucionar el problema de la vivienda”. Así, recordó,

“ninguno de los anuncios hechos en los últimos años se ha concretado: ni la partida que se ha incluido en los presupuestos de este año, ni las ayudas de los fondos europeos Next Generation, ni el bono para el alquiler joven. ¿Cuántas viviendas se han hecho de las 20.000 que anunció el ministro Ábalos? Ninguna.”

El gerente de la Cambra, Òscar Gorgues, Advirtió sobre el impacto negativo de la actual crisis de precios en el mercado inmobiliario, que amenaza con reducir significativamente la demanda, mientras que las tasas activas pueden subir.