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El Govern promete 10.000 alquileres sociales en tres años, pero delega la mitad en la iniciativa privada

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El Govern promete 10.000 alquileres sociales en tres años, pero delega la mitad en la iniciativa privada

Aragonès explica un plan que incluye promoción pública, ayudas a empresas, compras y cesiones de grandes tenedores

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha anunciado un ambicioso plan para combatir la emergencia habitacional en la región. En solo tres años, Cataluña ganará 10,000 nuevos pisos de alquiler social en 82 municipios, mediante la activación de la maquinaria del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl) y la Agencia de la Vivienda, y con la ayuda de la iniciativa privada. El plan prevé una inversión de 350 millones de euros para la promoción y compras y 180 millones en ayudas.


El plan de Aragonès responde a la crisis habitacional que ha estado afectando a las grandes ciudades de la región, donde los altos precios del alquiler han obligado a los vecinos a trasladarse a la periferia o a municipios cercanos. El presidente ha hecho hincapié en que la vivienda no es un lujo, sino un derecho básico y ha hablado de un “cambio de paradigma” en la política de vivienda en Cataluña.


Los 10,000 nuevos pisos se sumarán al actual parque público de alquileres, que cuenta con 55,000 viviendas (un 2% del total del parque). Se espera que 2,155 sean de promoción directa pública, 1,500 sean comprados por el gobierno por tanteo y retracto o de grandes tenedores que los tienen vacíos, 1,062 sean construidos por fundaciones o cooperativas en suelo público, 5,126 sean construidos por empresas privadas con subvenciones procedentes de los fondos Next Generation o bien de la propia Generalitat y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), y otros 1,100 se obtendrán del mercado privado mediante convenios de cesión de grandes tenedores como bancos, fondos de inversión o la Sareb.


Para financiar la promoción propia por parte de la Generalitat, el Incasòl utilizará los intereses generados por los 1,500 millones de euros que tiene en concepto de fianzas depositadas por los inquilinos, que pueden alcanzar los 80 millones de euros al año. Además, el Incasòl prevé comprar 1,000 pisos vacíos para la mesa de emergencia y la Agencia de la Vivienda otros 500. En este capítulo, también se considera la posibilidad de comprar pisos que los ayuntamientos han localizado de la Sareb y que piden que se incorporen al parque municipal.


En general, se trata de un plan ambicioso que tiene como objetivo hacer frente a la emergencia habitacional en Cataluña y proporcionar viviendas sociales asequibles a los ciudadanos.

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