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Una nueva ley en Cataluña permitirá desalojar okupas conflictivos en menos tiempo

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Una nueva ley en Cataluña permitirá desalojar okupas conflictivos en menos tiempo

Una nueva ley en Cataluña permitirá desalojar okupas conflictivos en menos tiempo. La ley entró en vigor el 17 de febrero y, aunque ya está vigente, podría ser declarada como inconstitucional

Desde el pasado 17 de febrero de 2023, Cataluña cuenta con una nueva ley para solventar los problemas de ocupación. La normativa  autoriza a la Administración a actuar ante ocupaciones de pisos de grandes propietarios si estos no hacen nada al respecto. Dejando fuera a los pequeños propietarios, la nueva ley se centra en dar instrumentos a los municipios para actuar contra los grandes tenedores que permanecen pasivos ante la ocupación conflictiva de sus propiedades.

El nuevo lineamiento recibió el sí de 102 diputados pertenecientes a los movimientos Junts, ERC, PSC, Ciudadanos y Vox. Sus detractores, en cambio, vaticinan que la nueva ley será declarada inconstitucional por tratarse de una supuesta extralimitación. Con una pronta publicación en el Diari Oficial de la Generalitat, la normativa contra okupas conflictivos ya entró en vigor. ¿Cuáles son sus puntos clave?

La ocupación ilegal es una problemática que afecta principalmente a los grandes tenedores de propiedades, como los fondos de inversión. Se denomina gran tenedor a las personas físicas o jurídicas que sean propietarios de más de diez inmuebles urbanos o de inmuebles con una superficie construida agregada de más de 1.500 metros cuadrados. Puesto que estos inmuebles suelen permanecer deshabitados y con poca o ninguna vigilancia, son el blanco principal de los okupas, especialmente para convertirlos en centros de actividades delictivas.

Esta ocupación suele preocupar a las comunidades de vecinos y ayuntamientos, que hasta la fecha podían hacer muy poco o nada para impedir que okupas conflictivos invadieran las propiedades. La nueva ley catalana 1/2023, de 15 de febrero, pretende agilizar los desahucios de estos okupas, dotando de autoridad a comunidades y ayuntamientos para desalojarlos si los propietarios de los inmuebles invadidos no hacen nada al respecto. Mientras que partidos como Ciudadanos o Vox la han aplaudido, otros se preguntan si terminará encontrando obstáculos en el camino a su ejecución.

Nueva ley en Cataluña para okupas conflictivos: las claves

En primer lugar, la nueva normativa establece cuándo se podrá actuar contra una ocupación ilegal. La administración podrá intervenir siempre que ‘el inmueble se encuentre ocupado sin título habilitante (como un contrato de arrendamiento) y que dicha situación haya generado una alteración de la convivencia, del orden público o ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble’. Esto, tras haber confirmado que los propietarios sean grandes tenedores y que no hayan iniciado las acciones de desalojo requeridas por la administración competente.

En segundo lugar, la referida ley pone el énfasis en que los grandes tenedores de propiedades okupadas asuman su obligación de actuar para ejecutar el desalojo. La idea es ejercer presión sobre los propietarios para que no se desentiendan de una problemática que afecta principalmente a las comunidades de vecinos. ¿Qué ocurre si el gran tenedor no actúa? La junta de propietarios donde esté ubicado el inmueble okupado o los vecinos de este podrán solicitar al ayuntamiento que inste al propietario a cumplir con su obligación.

Acto seguido, la administración presentará un requerimiento a los okupantes para que, en un lapso de cinco días, acrediten la existencia de un título de ocupación habilitante. Igualmente, se enviará un requerimiento al propietario para que acredite, en un lapso de 30 días, documentos que prueben que ha cumplido con su obligación de proceder con la acción de desalojo. Si la respuesta a ambos requerimientos es negativa o infructuosa, el ayuntamiento estará legitimado para iniciar el proceso de desahucio y lograr el desalojo del inmueble ocupado.

Otro punto clave de la nueva ley catalana contra okupas conflictivos es lo que ocurre con la propiedad desalojada. La ley contempla la posibilidad de que los ayuntamientos adquieran temporalmente el inmueble y lo usen para políticas públicas de alquiler social. El plazo máximo permitido para retener la propiedad bajo esta modalidad es de siete años. Además, el gran tenedor tendrá la obligación de cubrir todos los gastos administrativos y de gestión en los que incurra el ayuntamiento durante el proceso de desalojo.

Posibles obstáculos a la nueva ley catalana de okupas conflictivos

Los detractores a la nueva ley aprobada por el Parlament el pasado 17 de febrero aseguran que la normativa será declarada inconstitucional al cabo de un año. Entre muchos otros argumentos, sostienen que la ley es más dura con los grandes tenedores negligentes que con los propios okupantes conflictivos. Además, los sectores que defienden el derecho a la vivienda consideran que la norma puede perjudicar a familias vulnerables.

Asimismo, ponen en duda que los juzgados puedan cumplir con el plazo de 30 días estipulados por la ley, tomando en cuenta lo saturados que suelen estar. También es importante que la ley sea más específica a la hora de definir qué se considera una ‘ocupación conflictiva’. En cualquier caso, la normativa ya está en funciones y solo queda por ver cómo se implementa para atacar cada caso de okupación.

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